Hay momentos que condensan las esperanzas e ilusiones de muchos años y mucha gente. El proceso político de los últimos tiempos ha abierto la posibilidad de cambio. El 15M y la Primavera Valenciana pusieron sobre la mesa que las instituciones estaban en manos de gobernantes que las usaban en beneficio propio y de sus amiguetes. Ha habido una separación creciente entre la clase política y la ciudadanía.
Cuando los políticos han tenido que elegir entre rescatar a la ciudadanía o a los poderosos no ha dudado al traicionar a quienes los habían votado, dando la espalda a las demandas de la gente. Las decisiones se han presentado como inevitables, auténticos dictados obligatorios de los poderes que no se presentan a las elecciones. Esta situación de expropiación de la democracia hacía necesario que gente te diera un paso adelante para recuperar las instituciones y ponerlas al servicio de todas las personas.
El 24 de mayo hicimos un primer paso que hay que continuar. “Somos el Pueblo”, les repetíamos. Somos esa comunidad de personas que madrugamos cada día para hacer funcionar el país. Nosotros somos las madres, los maestros, las emprendedoras, los dependientes, las camareras. Somos los y las que sufrimos para llegar a final de mes, las que tenemos cada día la amenaza del paro o de tener que cerrar la empresa. Somos los vecinos y vecinas que convivimos pared con pared. Somos las personas perjudicadas por esas políticas que ahora podemos cambiar: las personas que hemos visto bajar los salarios y aumentar la temporalidad, caer las becas y subir las tasas de la universidad, congelar las pensiones y aumentar los impuestos, empeorar los servicios públicos y no cobrar la dependencia; las que hemos visto como esos recursos recortados iban al pozo de la deuda y los bolsillos de los políticos, y como todo el modelo social que habían construido nuestras madres y padres lo estaban destruyendo en contra de los intereses y la voluntad de la gente.
Somos el pueblo y no queremos nunca más unas instituciones que gobiernan contra nosotros. Las élites valencianas tienen un proyecto de país muy alejado de las necesidades de la ciudadanía. Su apuesta de convertirnos en la playa de Madrid ha colapsado por insostenible e injusta. La herencia que nos han dejado ha sido una sociedad empobrecida, un modelo económico agotado por su orientación hacia la baldosa y la especulación, unas instituciones de segunda con poca capacidad para hacer políticas por la carencia de recursos. Su proyecto de región sumisa ha vendido una y otra vez los intereses de la ciudadanía valenciana, empeorando así las condiciones de vida de la mayoría. El viejo recurso del “Levante Feliz” ya no les sirve para tapar las miserias que han generado. Las élites de hoy no son diferentes de las de ayer: sus lealtades no están con los valencianos y las valencianas. Sólo responden a una patria: su patrimonio. Para conservar sus privilegios siempre han hecho lo que hiciera falta: en el pasado no dudaron al abandonar la lengua y ahora no han dudado al actuar como una mafia que ha saqueado el país en base a la especulación y la corrupción.
El cierre de RTVV y la tolerancia con la infrafinanciación estructural son dos caras de la misma política profundamente antivalenciana. Nosotros venimos de otra tradición: la de las valencianas y valencianos que han sudado para construir un futuro para los suyos.
Somos la gente corriente la que hemos mantenido en pie esta comunidad, antes y ahora. Lo hemos hecho cuando trabajamos para que brotaran de la tierra arroz y naranjas y transformamos la nieve en helados y la lata en juguetes. Lo hemos hecho cuando hemos parado desahucios y hemos tejido una red potente de defensa de los servicios públicos. Lo hemos hecho desde los talleres clandestinos del textil y calzado del Baix Vinalopó y las industrias de Sagunto. Ahora tenemos la generación más preparada y la experiencia de quienes siempre lo han dejado todo para garantizar que el pan entrara a cada casa para poner en pie un proyecto de país para todas las personas.
Durante un tiempo, los gobiernos del PP nos han hecho avergonzarnos de ser valencianos y valencianas. No queremos nunca más tener que bajar la cabeza por ser la región de la corrupción. Queremos estar orgullosos y orgullosas de ser el país que garantiza la gratuidad de los libros escolares. Los valencianos somos los que nos dejamos la piel al hacer que esta sociedad funcione y no los que se han encargado de saquearla, venderla y hundirla. Las valencianas somos una comunidad de iguales y no unas élites que lo quieren todo en manos de unos pocos. Desde Morella hasta Orihuela, pasando por Requena y Alicante, la gente que habitamos este territorio aspiramos a un proyecto de futuro en común. Nos reconocemos como una comunidad plural, con dos lenguas y dos denominaciones. Nos queremos como una sociedad donde todos y todas tengan oportunidades de prosperar, vengan de donde vengan y hablen como hablen.
En el pasado, las disputas estériles por banderas y nombres nos hicieron débiles, obteniendo una autonomía de segunda con un estado del bienestar devaluado. De tanto ofrendar las glorias que no tenemos nos hemos convertido en la autonomía más endeudada. Las élites han querido que nos arrodillamos; nosotros queremos una relación de igualdad como uno de los pueblos que forma la España plurinacional. Insistimos: las condiciones para el cambio están dadas. Pero esto no es ni inevitable ni irreversible. El 24 de mayo hicimos un primer paso que ya está dando frutos; ahora toca cerrar este ciclo electoral articulando el espacio democrático que es socialmente mayoritario.
Son tiempos de cambio y esto requiere de nuevas herramientas. El presente programa asienta unas bases sólidas para construir herramientas capaces de materializar las demandas de la gente. Es un acuerdo inédito al representar una gran alianza de futuro entre organizaciones, partidos, sindicados, movimientos sociales, plataformas y ciudadanía. Queremos lanzar un mensaje: tenemos el mismo proyecto de futuro para la sociedad valenciana. Venimos de lugares muy diferentes y en el pasado hemos votado a partidos diversos, pero ahora nos une una idea fuerte: un proyecto de país para todos opuesto a la sociedad de privilegiados que los que gobernaban la Generalitat y todavía gobiernan el Estado. La voluntad de una mayoría de valencianos y valencianas va por otros caminos:
Por eso, apostamos por un cambio en la orientación de las políticas públicas:
Las actuales políticas de austeridad son estériles económicamente y generadoras de sufrimiento y exclusión social. La forma de activar la recuperación para todos no es recortar sino destinar recursos públicos a generar actividad económica en sectores sostenibles. La reducción del déficit público (de la GV, del Estado) tiene que estar subordinada a la aplicación de políticas de desarrollo económico.
La inversión social pública se tiene que equiparar a los estándares europeos. El Estado del Bienestar valenciano ha estado de segunda, con un gasto inferior a la española y la europea. La Comunidad Valenciana tiene que recuperar la senda de convergencia social con el modelo social avanzado norteño de Europa. Los derechos sociales tienen que contar con suficiencia presupuestaria para implementarlos. Por eso, son necesarios 3 elementos: (1) la quita de la parte de la deuda de la Generalitat con el Estado correspondiente a la infrafinanciación, (2) la negociación de un nuevo sistema de financiación centrada en la corresponsabilidad fiscal y (3) la derogación del artículo 135 de la Constitución Española.
La Auditoría ciudadana es la fórmula para determinar los efectos de las medidas económicas de los últimos años y la responsabilidad en la deuda y en el rescate bancario. Además, es imprescindible una reforma fiscal profunda que tiene que basarse en garantizar recursos suficientes para hacer sostenible el gasto público, redistribuir hacia los que menos tienen y eliminar los privilegios de unos pocos. Hay que equiparar la tributación efectiva de grandes empresas y grandes patrimonios a la del resto de la población para hacer efectiva la progresividad. Hay que combatir enérgicamente el fraude fiscal y promover un marco tributario europeo capaz de grabar los flujos de capital y acabar con los paraísos fiscales.
Las instituciones públicas tienen que gestionar los recursos públicos de forma eficiente y transparente. Por eso, hacen falta mecanismos eficaces para combatir la corrupción, el clientelismo, los privilegios de los amiguetes y el despilfarro de recursos. Así mismo, las instituciones públicas tienen que tener un papel activo en la vida económica, regulando el mercado, redistribuyendo las rentas, produciendo servicios fundamentales, estabilizando las fluctuaciones y guiando el desarrollo. La idea extrema del libre mercado se tiene que sustituir por un paradigma mixto: el mercado y el Estado tienen que actuar como instituciones complementarias para la generación de bienestar para todos y todas.
Las actividades básicas para la existencia humana tienen que estar fuera de la lógica de los beneficios. Queremos que sean las instituciones públicas las que proporcionan la sanidad, la educación, las pensiones, la dependencia y las coberturas sociales. Apostamos así mismo por un papel activo de los sectores no lucrativos (el Estado y el 3r sector) en sectores estratégicos como los transportes, la energía y el agua, las telecomunicaciones y la vivienda. Los derechos de ciudadanía no pueden estar subordinados a los intereses lucrativos de unos pocos. Hay que tender hacia una sociedad inclusiva que sustituya el concepto asistencial actual por una concepción universal de garantía de derechos.
El sector financiero es una parte actora central para el desarrollo económico y social que tiene que tener una regulación pública efectiva. Además, la existencia de una banca pública es fundamental para que el sistema financiero esté al servicio de las necesidades de la economía real. Hace falta una refundación del BCE, situándolo dentro de parámetros democráticos y habilitándolo para estimular la creación de empleo y el desarrollo.
No hay salida de la crisis sin un nuevo modelo productivo que afronte la transición ecológica hacia las renovables y los sectores verdes y la modernización de la estructura económica apostando por la innovación en la línea de los modelos avanzados norteños de Europa. Por eso, nos hace falta una política industrial activa que estimulo la consolidación de actividades con futuro enterrando el modelo de especulación inmobiliaria y turismo de baja calidad que nos ha traído a la crisis. Hay que asegurar las inversiones necesarias para combatir el paro estructural.
Las sociedades del siglo XXI tienen que estar basadas en las igualdades. La desigualdad social socava la democracia. La tendencia polarizadora que hemos sufrido las últimas décadas tiene que ser revertida con la redistribución fiscal y con una política de rentas que incremente progresivamente los salarios. Por eso, hace falta una nueva reforma laboral capaz de conjugar la estabilidad con la flexibilidad, los aumentos salariales con los incrementos de productividad, avanzando hacia una mayor implicación de las personas trabajadoras en la toma de decisiones. La desigualdad de género es una vergüenza para una sociedad avanzada. Hay que continuar avanzando para que los salarios, las condiciones de trabajo, los derechos y la proyección vital no sean diferentes para mujeres y hombres. Por eso, hay que profundizar en las políticas de conciliación familiar. Frente a un modelo donde cada cual tiene su lugar, trabajamos por una sociedad donde todos los lugares son de todo el mundo.
La democracia es el pilar central de nuestra sociedad. La captura del derecho a decidir de la ciudadanía por poderes que no se presentan a las elecciones tiene que ser revertida. Todas las políticas que afectan a la ciudadanía tienen que ser decididas por ella. Existen las condiciones para avanzar hacia procesos de toma de decisiones más participados, dando voz a la sociedad civil y ampliando las cuestiones sometidas a votación directa de la ciudadanía. Muchas de las políticas están ligadas a instituciones europeas, que la actual arquitectura institucional sitúa en un terreno no-democrático (un ejemplo del cual es la negociación del TTIP). Hace falta una reforma a fondo de la Unión Europea y la zona Euro, situándola dentro de los parámetros de la democracia y el estado del bienestar. Queremos más Europa (fiscalidad y presupuestos comunitarios) pero sólo si esto significa más democracia y derechos para todos y todas.
La Constitución del 1978 ya no es capaz de garantizar los derechos y las políticas a las que aspiramos. Hay que impulsar procesos constituyentes en todos los niveles (valenciano, estatal, europeo) basados en el protagonismo de la ciudadanía. Hace falta una nueva articulación territorial del Estado que permita la ensambladura de la plurinacionalidad. Queremos nuevas instituciones más transparentes, más eficientes y más abiertas a la participación. Queremos un blindaje efectivo de los derechos sociales. Somos conscientes que las elecciones de diciembre no sólo decidirán quién ocupará la silla de uno u otro gobierno sino que marcarán el rumbo del Estado para próximas generaciones y por lo tanto, son de una trascendencia absoluta para el País Valenciano. Los y las valencianas hemos sido demasiado tiempo invisibles. Ahora nos toca decir la nuestra. Por nosotros, por todas, por todos.
¡Es el momento!
